El 29 de abril de 2025 fue archivado el Proyecto de Ley Estatutaria 166 de 2024, que buscaba proteger a los y las jóvenes y movimientos sociales que han confiado en el Estado para garantizar su derecho a manifestarse, cumplir con el Acuerdo de Paz y con las recomendaciones internacionales en derechos humanos que se relacionan con esta materia, y evitar futuras crisis sociales ante la falta de un marco legal claro que permita el ejercicio de este derecho.

Organizaciones exhortan al Gobierno nacional, las diferentes bancadas en el Congreso y, en particular, a la bancada de Gobierno, a priorizar de manera urgente este debate.